Un grupo de afectados por las preferentes acudieron a la Eurocamara en busca de una solución colectiva para los miles de casos que todavía esperan recuperar la totalidad de sus ahorros atrapados en preferentes.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se prepara para estudiar esta tarde 22 denuncias de afectados por la comercialización irregular de productos financieros de alto riesgo en España. A la reunión asistieron los portavoces de varios grupos y plataformas de afectados que se reunieron con eurodiputados a los que trasladaron su indignación por la falta de respuestas y soluciones de las autoridades españolas ante lo que consideran una estafa organizada. Aseguraron que el escándalo de las preferentes nunca se podría haber urdido sin la complicidad de las Instituciones que «miraron para otro lado» cuando las entidades colocaban estos productos sin control. Segun los afectados, la Fiscalía General del Estado está tratando de paralizar los procesos abiertos contra los bancos para impedir que las demandas avancen por lo penal.
Para sustentar su denuncia, los estafados presentan cifras demoledoras. Estiman que 116.660 clientes fueron engañados con este tipo de productos híbridos. Una estafa que alcanzaría los 1.800 millones de euros. De las 5.881 demandas presentadas por vía judicial, el 99,9 % de las sentencias han sido favorables para el denunciante: «Con estos datos es difícil de creer que no existiera una organización bien planificada para estafar a los clientes», aseguran.
Las quejas no acaban ahí. Exigieron que se depuren responsabilidades, incluidas las políticas, ya que consideran que si bien las Cajas y Bancos son los primeros responsables, muchas de estas entidades estaban en manos de políticos y que ellos permitieron este tipo de acciones contra los consumidores.
También hay que resaltar las denuncias que vierten estas plataformas de afectados por el supuesto acoso y persecución a las que han sido sometidas por parte de las Administraciones por no cejar en sus reivindicaciones y ponen como muestra las sanciones administrativas que se han multiplicado en los últimos meses contra sus miembros.