El juzgado de Primera Instancia número 6 de Oviedo declara la nulidad de una cláusula suelo aplicada a un contrato de subrogación de hipoteca, la cláusula anulada limitaba la revisión del tipo de interés variable, siempre que este bajara. El juzgado ha declarado la nulidad de dicha cláusula en un prestamos de Caja España y condena también a la entidad a devolver todas las cantidades cobradas, más los intereses derivados de dicha cláusula.
El prestamos hipotecario fue negociado por los afectados con la empresa promotora de la vivienda que es objeto de dicha hipoteca. Basándose en este hecho, Caja España alegó que la entidad no había tenido ninguna intervención, ni en la escritura de compraventa, ni en la subrogación del contrato, por lo quela falta de información alegada debería achacarse a la promotora y no a la entidad bancaria.
El juez ha hecho uso de la jurisprudencia existente por parte del Tribunal Supremo en materia de cláusulas suelo para declararla abusiva, alegando que aunque se disfrazan de contratos de interés variable, no se informa de que dicha cláusula suelo es definitoria, se crea una falsa apariencia de contraprestación y, además, se suele camuflar entre gran cantidad de datos que diluyen la atención del cliente. Además no se realizan las simulaciones adecuadas y no se advierte en ningún momento de los costes comparativos con otros productos.
El Supremos establece que debe analizarse en profundidad el control de transparencia para que el contratante conozca con sencillez la carga económica que supone semejante contrato y le permita conocer de forma real cómo actuarán las condiciones del contrato en su propia economía.
En la sentencia el tribunal ha tenido en cuenta también otros hechos, como que el banco no facilitara información por escrito sobre las condiciones de la cláusula suelo y que no existen evidencias de la realización de simulaciones sobre variaciones de los tipos de interés.
Este caso resulta significativo ya que demuestra como la especulación inmobiliaria tuvo una relación directa en las condiciones abusivas que impusieron los bancos en algunos de sus contratos.