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El arbitraje de las preferentes costará 800 millones al Estado

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El arbitraje de las preferentes costará 800 millones al Estado

El escándalo de las preferentes, sumió a la banca en una batalla legal que están condenada a perder. Día a día, nuevas sentencias en las que anulan la venta de deuda subordinada, surgen en los juzgados españoles.

Las preferentes de Catalunya Caixa y el arbitraje

La nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre las participaciones preferentes de CatalunyaCaixa pone en jaque, de nuevo, al sector bancario.

Además, en este caso se abre una peligrosa puerta que pone en peligro el dinero de los contribuyentes. Si los afectados por estas acciones, que todavía no han recuperado el dinero, acuden al arbitraje el coste para el erario público puede ser de hasta 800 millones de euros, algo que se derivaría al dinero destinado a los arbitrajes.

Este fallo del Alto Tribunal echa por tierra todos los arbitrajes hechos hasta la fecha. La sentencia choca frontalmente con todas las premisas compartidas por las entidades financieras afectadas.

Esta premisa consistía en que los clientes con mayor patrimonio e inversiones en otros productos complejos eran conscientes de los riesgos y por tanto, resultaba improcedente devolverles el dinero.

Sin embargo, con la nueva sentencia, el Tribunal Supremo establece que el hecho de tener conocimientos bancarios y financieros o un patrimonio elevado, no anula la mala comercialización de los productos y en consecuencia, no anula el derecho de los clientes a recuperar su dinero.

Una nueva doctrina

Sería de esperar que el resto de tribunales españoles apliquen la doctrina desarrollada por el Supremo y que esto constituya una especie de efecto llamada para los afectados por este tipo de acciones.

El mayor problema es que, de ser así, el que pagaría los platos rotos de las preferentes, es decir, el que se haría cargo de la devolución de las cantidades sería el Estado. Recordamos que es el propietario del 100% del BFA, la matriz de Bankia, que absorbió el 85% de las preferentes del resto de entidades, para mejorar le trámite de la privatización de Catalunya Caixa.

En el FROB se estima que la pérdida a la que se enfrenta el Estado es de hasta 165 millones de euros, cantidad que se ha ido provisionando a lo largo de estos años, pero que puede ser causa de futuros problemas.

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